Alzas en tarifas de energía: contrastes entre el Gobierno, las empresas y la perspectiva sindical
La escalada en las tarifas de energía ha generado un debate profundo en Colombia, donde se contraponen las explicaciones del Gobierno y las posturas empresariales con las demandas de los sindicatos que representan a los trabajadores.
El aumento en las tarifas de los servicios públicos sigue golpeando el bolsillo de los colombianos. Una familia en Bogotá que el año pasado pagaba 64.000 pesos de gas al mes, este 2025 tuvo que cancelar 70.000 pesos, por el mismo consumo, y con el incremento de hasta el 36 por ciento que anunció Vanti en la capital del país, Boyacá y Cesar, esa misma factura podría llegar hasta 95.000 pesos. En el Eje Cafetero se prevé que el aumento sea del 25 por ciento. En Santander, del 20 por ciento, y en Antioquia, EPM anticipó que estará entre el 20 y el 22 por ciento a partir de febrero de 2025.
Por un lado, el presidente Gustavo Petro atribuye el aumento a fallas en la fórmula tarifaria y a medidas heredadas de administraciones anteriores; por otro, organizaciones sindicales –entre ellas Sintraemsdes, Sintraeteléfonos y Sintraelecol– reclaman una revisión integral del modelo de gestión transnacionalizado, monopólico y las normas incluido el marco regulatorio que proteja el patrimonio público, los consumidores como a los trabajadores.
La explicación del presidente Petro
El mandatario sostiene que los elevados costos del servicio eléctrico se deben, en gran medida, a la fórmula utilizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para fijar la tarifa de generación. Según Petro, este mecanismo establece precios basados en el rendimiento del actor menos eficiente del mercado—un concepto que se conoce en teoría económica como “renta diferencial”—en lugar de reflejar los costos reales. Además, el presidente señala otros factores que inciden en el aumento tarifario:
Tarifa de distribución en la costa Caribe: Esta modalidad permite trasladar a los usuarios las pérdidas derivadas de la morosidad en los pagos.
Opción preferencial: Implementada durante la administración de Iván Duque, esta medida congeló tarifas al transformar la deuda de las comercializadoras en un mecanismo para mitigar el impacto durante la pandemia.
Medidas y acciones del Gobierno
Con el objetivo de contrarrestar el incremento en el consumo de servicios públicos, la Presidencia, mediante la Directiva Presidencial No. 1 del 1 de abril de 2024, impulsó una serie de medidas en las instalaciones de la Rama Ejecutiva. Entre estas acciones se destacan:
Metas de ahorro: Establecimiento de objetivos semanales para reducir el consumo de energía eléctrica y agua.
Teletrabajo y modalidades híbridas: Fomento de esquemas de trabajo a distancia para empleados y contratistas, reduciendo el uso innecesario de recursos.
Campañas de concienciación: Difusión de mensajes a través de diversos canales institucionales para promover el uso de dispositivos y sistemas de bajo consumo.
El papel de las empresas y la situación regulatoria
La generación y distribución de energía en Colombia se concentra en pocas empresas, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y eficiencia del modelo regulatorio. Recientes alertas de XM evidencian un aumento del 8,31 % en la demanda de energía eléctrica y condiciones críticas en los embalses, que operan a tan solo el 31,86 % de su capacidad, además de restricciones en la generación hidroeléctrica en plantas como Betania, Chivor y Guavio por problemas operativos y de mantenimiento. Si bien algunas afirmaciones sobre el funcionamiento de la CREG provienen de actores empresariales, estas posturas responden a intereses corporativos y no deben considerarse análisis técnicos independientes del sector.
La perspectiva sindical
Organizaciones sindicales como Sintraemsdes, Sintraeteléfonos y Sintraelecol aportan una visión distinta, centrada en la protección de la función social del Estado, los derechos de los trabajadores y en la defensa de los intereses de los usuarios.
Modelo de propiedad y gestión: Los gobiernos neoliberales feriaron las principales empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios de energía, gas, saneamiento básico y telecomunicaciones. Estas decisiones favorecieron al capital monopólico transnacional. Esas empresas a su vez han incidido en establecer leyes que les favorecen.
Revisión del modelo tarifario: Se critica que la fórmula de “renta diferencial” favorece a las grandes empresas, al no reflejar adecuadamente los costos operativos reales, lo que afecta negativamente tanto la competitividad del sector como el bolsillo de los consumidores. Las formulas establecidas por las comisiones de regulación son especulativas y rentísticas a favor del capital foráneo.
Transparencia y diálogo: Se demanda una mayor transparencia en el proceso de fijación de tarifas y un diálogo permanente entre el Gobierno, los trabajadores y la sociedad para garantizar que las decisiones regulatorias sean equitativas.
Protección de subsidios y financiamiento: Los sindicatos abogan por la revisión de los mecanismos de subsidios y financiamiento, subrayando que la falta de estos recursos afecta tanto la estabilidad del sector como la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Perspectivas y desafíos futuros
Diversos actores coinciden en que, pese a los avances en cobertura y calidad en sectores como energía, agua potable y telecomunicaciones, Colombia enfrenta retos importantes:
Oferta versus demanda: Aun cuando se proyectan nuevos proyectos de energías renovables en regiones como La Guajira, la capacidad instalada no crece al mismo ritmo que la demanda, lo que podría derivar en apagones si no se implementan medidas urgentes.
Déficit en subsidios: Se estima que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, faltan más de 7,5 billones de pesos para estabilizar el sector, situación que afecta especialmente a las pequeñas empresas en regiones vulnerables.
Importación de gas: El aumento en la importación de gas para sectores que históricamente no lo requerían encarece su transporte y distribución, impactando directamente en los hogares.
Necesidad de diálogo y transparencia: Tanto el Gobierno como los sindicatos coinciden en la importancia de establecer canales de comunicación efectivos que permitan revisar y ajustar el modelo regulatorio, equilibrando la viabilidad económica del sector con el bienestar de la ciudadanía.
Conclusión
El panorama en el sector energético colombiano es complejo y requiere un abordaje integral. Mientras el Gobierno impulsa una revisión de la fórmula tarifaria y adopta medidas de ahorro, las organizaciones sindicales –representadas exigen un replanteamiento para garantizar la función social del Estado, la transparencia, protección de los trabajadores y una justa distribución de los costos para los usuarios. Pero los monopolios toman las decisiones en la práctica para sus propios beneficios.